La crisis de la educación publica (Importante saberlo)

El agitado panorama social al que convocan hoy los distintos actores de la educación, para el gobierno, la clase política y los medios de comunicación tiene distintas respuestas: vandalismo, ignorancia, incapacidad de diálogo, desmanes, detenidos, estupidez. La violencia de este lenguaje reprime el surgimiento del discurso que realmente se instala en pie de guerra por parte de aquellos que no son escuchados ni ahora ni en el 2006 ni en 1997 ni en 1984. Como la analogía de los títeres, el lobo le pregunta a los niños si quieren que se coma a caperucita, y los niños gritan ¡no, no! pero el lobo se la come igual.
La mañana del miércoles causó revuelo la masiva concentración de estudiantes en distintos sectores de la capital. Cumming con Alameda, Plaza Italia y el frontis de la Usach eran los tres puntos de reunión que respondían al llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios (ACEUS). El motivo de la marcha lo podríamos resumir en que los estudiantes no están conformes -más bien, indignados- por la deficiencia del sistema educativo en Chile.
Esta deficiencia se plasma fundamentalmente en su baja calidad, en donde se identifican dos problemas fundamentales y que cruzan todo esbozo educativo: las lógicas de mercado y las prácticas autoritarias dentro de los centros educativos.
Las lógicas de mercado en las que se desenvuelve la educación chilena se reflejan en la desigualdad social existente dentro del mismo sistema de enseñanza. En palabras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en su informe del año 2004, la educación chilena sería un “sistema escolar concientemente estructurado en clases sociales”, es decir, su fin sería segmentar a los estudiantes para que esas generaciones continúen en inequidad, pero esta vez en un contexto social, es decir, los jóvenes que egresen de liceos públicos continuarán un rumbo laboral, puesto a que carecen de la educación y los medios para acceder a la universidad. Por otro lado, aquellos que egresen de colegios particulares subvencionados y particulares pagados podrán acceder a educación superior, puesto a que cuentan con una educación de calidad, o en su defecto, poseen los medios para pagar una universidad privada.
Obviamente, existen excepciones en ambos casos, debido principalmente a aquello que se conoce como meritocracia, es decir, movilidad social a través del mérito y esfuerzo individual. Sin embargo, este no es un total opositor al sistema que lo acoge, ya que el sistema educativo chileno está diseñado para que existan tales diferencias. En palabras más simples, el esfuerzo y el mérito en las clases más vulnerables consta, no sólo de tener buenos resultados, sino que de sobreponerse a su condición socioeconómica y posiblemente no signifique un mismo futuro para sus compañeros.
Por otro lado, las prácticas autoritarias dentro de los centros educativos son reflejo de un sistema programado a que se aíslen los estamentos pertenecientes a una institución, perdiendo todo sentido de comunidad educativa y marginando actores para la elaboración de proyectos que incumben a la comunidad. La respuesta ante la falta de democratización es unísona: Triestamentalidad. Pero no una triestamentalidad aparente o un simulacro de participación, como lo es el Senado Universitario de la Universidad de Chile, donde la repartición según estamentos es de 27 representantes académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios no académicos. Hoy podríamos decir que no existe ninguna orgánica realmente triestamental resolutiva en ningún centro educativo, tanto secundario como universitario.
Cabe apuntar que las grandes estafas en el negocio educacional se permiten gracias a que existen ciertas atribuciones para las rectorías, en el caso universitario, y para los sostenedores, en el caso secundario, que debido a aquella misma falta de democracia es imposible de fiscalizar y de que existan proyectos que realmente beneficien a la comunidad en su totalidad. Conocidos son los casos de robos cometidos por el ex-rector de la Universidad de Valparaíso, Juan Riquelme Zucchet, o las repercusiones que ha tenido el proyecto bicentenario para supuestamente revitalizar las artes y las humanidades, proyecto construido entre cuatro paredes y que continúa -y de hecho, potencia- las lógicas de autofinanciamiento a través de lo que se conoce como convenios de desempeño.
Según el observatorio chileno de políticas educacionales (opech), este fenómeno al que ellos llaman “apartheid educativo”, tendría su causa en dos niveles: un marco regulatorio en el que se inserta la educación chilena, lo que básicamente vendrían siendo las leyes constitucionales, y la institucionalidad, tanto en lo que respecta al modelo administrativo como en el sistema de financiamiento de la educación.
En cuanto a la primera causal, el tema se sintetiza en que en la constitución chilena no existe garantía al derecho a la educación, pero sí para otros, como la libertad de enseñanza. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) sigue la misma línea, el derecho a la educación no está por sobre el derecho a la libertad de enseñanza, ni la libertad de empresa. Por su parte, el proyecto de Ley General de Educación (LGE) no modifica mayormente esa lógica, al contrario, la consolida.
En cuanto al modelo administrativo, no se exige una capacidad técnico-pedagógica a los sostenedores municipales y privados, es más, no existe en la gran mayoría de los casos. Además, el hecho de que existan diferencias legales entre la educación municipalizada y particular da pie a que, incluso, sostenedores de colegios privados y subvencionados posean facultades que le permitan abusar y violar los derechos laborales de los docentes. A todo ello, se incluye que el Ministerio de Educación (Mineduc) sea, paradojalmente, un organismo sumamente desligado de la educación, ya que su incidencia pedagógica es practicamente nula en instituciones privadas y de financiamiento compartido, y en cuanto a la educación municipal sólo se basa en apoyo y supervisión.
En cuanto al sistema de financiamiento de la educación, esta se realiza, en el caso primario y secundario, a través de vouchers (pago por asistencia de alumno) y, en el caso de la educación superior, se privatiza el gasto público. ¿Qué quiere decir esto? que el estado es capaz de subsidiar instituciones particulares y de financiar instituciones municipales al mismo nivel, es decir, por alumno que asiste a clases, sin preferencia alguna por los sectores más precarizados y vulnerables en temas educativos, que evidentemente se encuentran en el sector público. Similar caso ocurre en la educación superior con el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), donde recursos financieros estatales llegan a parar a universidades privadas.
En ningún lugar del planeta se ha dejado la educación tan a merced del mercado que en Chile, y sus nefastas consecuencias son las que reclaman los estudiantes, quienes han superado sus demandas gremiales para convertirlas en demandas políticas, entendiendo que sus problemas poseen un origen político-ideológico claro y que propician la coersión de la clase dominante. Ya no se trata del pase ni de sillas ni salas que no goteen, se trata de reformular por completo el sistema educativo, y con ello, la sociedad completa.
Bajo consignas de rechazo a la LGE, la LOCE y el lucro, proponiendo educación pública, gratuita y de calidad, dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes más lo necesitan, para el miércoles 4 de Junio se ha llamado a un paro social por la educación, con el fin de realizar distintas movilizaciones que integren a profesores, estudiantes y trabajadores.